00:01La controversia sobre la independencia judicial en Honduras llegó a una nueva etapa en el
00:05sistema interamericano de derechos humanos, tras una serie de hechos ocurridos entre marzo
00:10y junio de este año. El punto de partida fue el 23 de marzo de 2026, cuando el Congreso
00:16Nacional inició un juicio político contra el entonces fiscal general Joel Zelaya. Dos
00:20días después, el 25 de marzo, el funcionario fue destituido de su cargo. Este procedimiento
00:26despertó preocupación porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia a Gutiérrez
00:31Navas y otros versus Honduras de noviembre de 2023, ya había determinado que la legislación
00:36hondureña sobre juicio político contiene disposiciones incompatibles con los estándares internacionales
00:41de independencia judicial y ordenó al Estado adecuar su normativa. Ante estos acontecimientos,
00:47el 10 de abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activó el artículo 41
00:53de la Convención Americana y solicitó formalmente al Estado hondureño explicar qué medidas ha
00:58adoptado para reformar esa legislación, garantizar el debido proceso en los juicios políticos
01:03y asegurar recursos judiciales efectivos para quienes sean sometidos a ese mecanismo. La
01:08Comisión otorgó un plazo de 15 días para responder. Poco después, el 23 de abril, un
01:14grupo de organizaciones nacionales e internacionales presentó una solicitud para que la CIDH celebrara
01:20una audiencia pública sobre la independencia judicial en Honduras. En el documento sostienen
01:25que persisten problemas estructurales como la concentración de facultades administrativas
01:29en la Corte Suprema de Justicia, el uso del juicio político contra altas autoridades
01:34judiciales y electorales, la cancelación masiva de nombramientos, la designación de autoridades
01:39judiciales con intervención política y el incumplimiento de recomendaciones y sentencias
01:44emitidas por el sistema interamericano. Como resultado de esa petición, el 8 de junio
01:49de 2026, la CIDH notificó oficialmente al gobierno de Honduras que celebrará una audiencia
01:55pública el próximo 5 de agosto durante su 196 periodo de sesiones en Washington, D.C.,
02:01para analizar la situación de la independencia judicial en el país e invitó al Estado a presentar
02:06su posición y la documentación correspondiente. Posteriormente, el 18 de junio, la Procuraduría
02:11General de la República solicitó al Ministerio Público y a otras instituciones remitir información
02:17actualizada para preparar la defensa del Estado hondureño y coordinar la delegación oficial
02:22que participará en esa audiencia internacional. Así, lo que comenzó como el juicio político
02:27contra el fiscal general evolucionó hasta convertirse en un examen internacional más
02:31amplio sobre la independencia del Poder Judicial hondureño, la separación de poderes, las garantías
02:36del debido proceso y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Honduras ante el sistema
02:41interamericano de derechos humanos.
